La nueva legislatura europea, cinco años que van a condicionar todo el siglo.
Sobre ello profundiza Jorge Viñuelas González, coordinador de Asuntos Europeos de beBartlet, en El Confidencial al hilo de “la Directiva de información no financiera o «CSRD» (que acaba de iniciar su proceso de transposición en España) y la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas o «CSDDD», que ni siquiera ha comenzado a transponerse en los Estados miembros”.
“Lejos de ser un anuncio genérico, la inquilina del Berlaymont —la emblemática sede de la Comisión— hasta se aventuró a dar cifras, fijando el objetivo de reducción de obligaciones de reporting no financiero en un 25% para las grandes empresas y en un 35% para las demás. Esta misma semana, se ha filtrado una carta del Gobierno alemán a varios comisarios proponiendo una modificación de la directiva en esta línea, e incluso más ambiciosa, en el sentido de reducir el número de empresas afectadas y alargar los plazos de implementación.
En este contexto, la sociedad civil tiene un papel crucial. La participación activa de las empresas y asociaciones en los procesos de consulta es esencial. Pero no basta con señalar barreras; las empresas deben proponer soluciones que refuercen el vínculo entre sostenibilidad y competitividad. Esto requerirá inversiones en tecnología, en sistemas de gestión de datos ESG y en procesos más transparentes que respondan tanto a las demandas regulatorias como a las expectativas de los consumidores”.
